Territorios, violencia y despojo.

Los procesos de despojo sobre los territorios y formas de vida de los pueblos y comunidades indígenas devienen de un continuum histórico donde el dominio, la legalidad y las violencias están intrínsecamente relacionados.

Sin embargo, desde las particularidades y capacidades de cada pueblos y comunidad indígena han emprendido sus propias estrategias de resistencia que les ha permitido reconfigurarse históricamente y constituir relaciones diferenciales con los poderes estatales y extra estatales. A la entrada de las políticas neoliberales el marco de oportunidad para el despojo se intensificó mediante los mega proyectos, industrias extractivas o políticas públicas dirigidas a su despojo.

Al mismo tiempo, el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos en general han abierto un marco de oportunidad para la disputa de los territorios por diferentes vías de juridificación y lucha socio política. No obstante, la creciente militarización, la lucha por el narcotráfico y la diversificación de los grupos del crimen organizado en diferentes economías legales e ilegales han cambiado la configuración de la disputa de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas. Debido a ello, surge la necesidad de investigar desde la colaboración los tipos de legalidades que se construyen en la relación entre las políticas neoliberales y las economías del crimen organizado así como los roles que juegan las economías legales ilegalidades en la lucha por el control territorial y de los recursos naturales y culturales. Así mismo, las estrategias que se articulan desde los pueblos indígenas para asegurar el control de sus territorios y resolver sus necesidades cotidianas y las colectivas.

Proyectos

Territorio Cucapá

Defensa del espacio y la pesca comercial del pueblo Cucapá en Baja California en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado: entre economías pesqueras legales, informales e ilegales.

En 1993 el gobierno federal creó la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y su zona núcleo se impuso sobre la Desembocadura (DOF, 10 junio 1993). La prohibición absoluta que la ley ambiental decreta sobre las zonas núcleo hizo ilegal la ocupación de los Cucapá sobre su territorio y su pesca comercial fue criminalizada y sancionada. Durante dos décadas los pescadores cucapá organizados en Cooperativas pesqueras disputaron la ilegalidad sobre el acceso a su territorio y su pesca frente a la Reserva en diferentes niveles de la justicia nacional e internacional y la movilización política. La narrativa de los derechos indígenas fue fundamental en la articulación de su lucha jurídico política así como en la resistencia frente al hostigamiento de la autoridad ambiental, la marina nacional y los cuerpos policiales en su espacio de pesca (Navarro, Bravo y López- Sagástegui, 2013, 2014; Bravo, Navarro y López- Sagástegui, 2017). No obstante, la pesca cucapá quedó insertada en un espacio regional pesquero y ambiental que desde la década del 2010 ha sufrido cambios drásticos debido a la interrelación entre la extinción de la vaquita marina y la captura ilegal de la totoaba. La pesca ilegal de la totoaba tiene el mismo tiempo que su prohibición (1975), pero su captura y su mercado se transformaron por la alta demanda asiática sobre su vejiga natatoria y los altos precios en el mercado (hasta 8, 500 USD por kilogramo) atrajeron al crimen organizado presente en otras economías en las comunidades pesqueras (Environmental Investigation Agency, 2016; Valdéz-Gardea, 2010). En este marco, el espacio y las dinámicas de su pesca comercial sobre la curvina golfina así como sus estrategias de defensa también se han transformado.

Montaña de Guerrero

Búsqueda de la justicia ambiental y disputa territorial en la Alta Montaña de Guerrero: entre contextos de múltiples violencias y economías legales e ilegales.

En Guerrero, desde 2010, los Me’phaa y Na savi articulan la defensa interescalar de su territorio contra 49 concesiones mineras a cielo abierto otorgadas desde 2007. De las cuales 22 siguen vigentes algunas de ellas hasta 2064 y existen 3 nuevas solicitudes (REMA, 2020). El área de oportunidad del extractivismo minero en México se articuló desde inicios de los noventa cuando se creó una legalidad neoliberal que jerarquiza el modelo extractivo minero y anula otras narrativas y prácticas territoriales mediante la ilegalidad y la criminalización. Sin embargo, los pueblos de la Montaña Guerrerense han impulsado procesos de juridificación comunal, regional y nacional donde el derecho agrario, los derechos humanos de los pueblos indígenas, el derecho municipal y los derechos propios se han interlegalizado para defender su territorio y construir sus propias narrativas y prácticas sobre la justicia ambiental. No obstante, los esfuerzos para asegurar el control territorial y los recursos naturales no pueden obviar el contexto situado de los núcleos agrarios y la región de la Montaña. Si bien los grupos del crimen organizado no ha permeado sus territorios como en las otras regiones, su presencia es histórica en la economía de la amapola y en la tala ilegal.